Los vecinos de Monte Mero en A Coruña reclaman "un precio justo y no un justiprecio" por sus terrenos expropiados y compensar a cada familia con una vivienda

Los vecinos de Monte Mero se movilizaron esta mañana frente a la delegación de la Xunta en A Coruña, en Nuevos Ministerios, para protestar contra la expropiación de sus viviendas y terrenos para la construcción del nuevo barrio de Monte Meto, con casi 4.400 viviendas, de las cuales más de 3.500 serían públicas. Detrás de una pancarta con el mensaje "Monte Mero existe, Monte Mero resiste", los vecinos exhibieron sus alegaciones al PIA que planifican en su zona. Cada vecino ha presentado una solicitud con las reclamaciones de cada caso y, en conjunto, han lanzado un mensaje a la Xunta y el Concello: quieren un precio justo para sus terrenos, que deben ser correctamente calificados, y una compensación individualizada. "Nos van a quitar y lo que ofrecen está en duda", exclamó Lola Abad, una de las portavoces.

"Nos van a expropiar, pero en la compensación solo incluye la vivienda, es decir, la construcción. Y si una construcción tiene tres plantas, una planta para cada familia porque a lo mejor son hermanos y herederos, ¿qué sucede? Quedan dos familias fuera de la compensación de esta manera. Una de nuestras reclamaciones es la correspondencia por familia, no por bloque. También queremos una valoración del suelo para las fincas, que no es de tipo rústico. Eso lo califican así ahora para pagarnos por debajo del valor en la zona. Esto es enriquecerse a base nuestro suelo para crear vivienda pública", afirmó María José López, presidenta de la Asociación de Veciños de Pedralonga, otra de las portavoces en la protesta.

López define esta situación como "un gasto perpetuo" que les afecta también "económicamente". Según explica, han consultado a abogados y les han informado de la obligación de abonar el IVA, que supone el 10% del valor de la vivienda entregada por la Xunta como compensación. "Somos mileuristas y jubilados, no podemos hacer frente de golpe a 20.000 euros, por ejemplo, suponiendo que el coste total sea de 200.000 euros. A esto hay que sumar los gestores, los abogados, la ayuda que necesitamos", detalla.

"Entre nosotros hay vecinos con un gran grado de dependencia y menores, ¿esto se va a tener en cuenta? ¿Esto se están teniendo en cuenta sus necesidades en el proceso, el realojo y la promoción de nueva vivienda? Lo hemos hablado y estamos convencidos que se van a enriquecer con esta construcción, construida en terreno que les ha salido prácticamente gratis. Todo ello a nuestro coste. Esto ha sucedido sin una valoración individual", afirmó Demetrio, otro vecino de Monte Mero afectado.

Para Lola Abad, la situación es más compleja. Su casa se sitúa pegada al colegio de los Maristas. Según señala uno de los vecinos, el caso de expropiación de Lola Abad es de los que podrían ser evitables, pero "la Xunta quiere ejecutarlo a todo coste, sin pararse". "Nos van a expropiar el terreno y no sabemos por cuál nos lo cambian. Nos van a quitar y lo que ofrecen está en duda", lamenta Abad.

"Tendríamos que marcharnos de alquiler durante todo el proceso. Que no es solo el esfuerzo y el tiempo de dos mudanzas de una vida entera, de una familia, es además lo que se queda por el camino. Está también el número de años de impotencia en el medio, entre ese tiempo que va a pasar desde que nos marchemos de nuestra casa y ver lo que nos devuelven al final", alega Toñi, vecina de la zona de Chan da Agra.

Nuevos afectados por el PIA

Entre las notificaciones enviadas por la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras se encuentran nuevos afectados, vecinos que no esperaban formar parte del PIA Monte Mero. La documentación recibida se refiere a una referencia catastral que pasa a estar afectada y le informan del proceso y sus consecuencias, según Lucía, habitante en la zona de Pedralonga y nueva afectada de Monte Mero.

"Nos ha llegado una carta con una referencia catastral y el aviso de que estamos afectados. El terreno en nuestra zona figuraba como suelo urbanizable y ahora lo han modificado a urbano no consolidado. Este cambio lo que implica es que nos afecta la urbanización del polígono, en aspectos como el alcantarillado, según una notificación de la Xunta que nos ha llegado a los vecinos. Ahí hay un polígono preexistente. En un principio no nos íbamos a ver afectados, pero con esta notificación se ve que sí", expone Lucía.

Para Victoria y Julio, vecinos de Monte Mero en la zona Pedro Fernández, la situación es similar. Su caso es uno de los excepcionales, ya que son propietarios de una de las tres casas que en principio se salvarían. Esto cambió en las últimas modificaciones y les exigen varios cambios, que incluyen derrumbes o levantamientos de terreno. En efecto, les permiten continuar con su construcción, pero las exigencias pasan desarticular su hogar. "Sería como tener un coche sin motor", explica Julio.

"Esto es un reparto que no atiende a la realidad constructiva de 2026. Este plan de urbanismo ha sido creado desde un despacho, desde una oficina. Efectivamente, contamos con una casa construida, pero con más de 50 años de antigüedad. Tiene unos anexos al edificio que funcionan, en algún caso, como cocina y para ellos son almacenes. Quieren que quede solo la edificación principal y cambiemos de lugar nuestra huerta o el sentido de las fincas. Los terrenos que quieren levantar o cambiar llevan nuestras tuberías, por ejemplo. Y lo que decimos nosotros es, ¿un edificio sin cocina, sin calefacción y sin tuberías es una casa? Porque es lo que nos solicitan", expone el matrimonio.

Sin posibilidad de promoción

Entre los casos de los vecinos afectados se encuentran también los propietarios de terreno, que no poseen una construcción, pero sí fincas. Ángel Regueira, uno de ellos, reclama el pago justo y una adecuación en la calificación de las propiedades. "Hoy lo que traemos es una solicitud de recurso por persona, que vean cuántas somos las afectadas. Muchos somos gente de Elviña, herederos de terrenos o casas en fincas familiares. Nosotros no somos un fondo buitre, no queremos enriquecernos. Queremos un precio justo y no un justiprecio", defiende.

"Hemos pagado plusvalías, sucesiones o el IBI de nuestras propiedades como suelo urbanizable. Ahora es rústico. Pasamos de una calificación, según el momento y la zona, de entre 300 y 400 euros a unos diez de media. Han convertido este proyecto en PIA para pagarnos menos. No quieren hablar del precio ni con nosotros ni con nadie. A las casas les ofrecen un justiprecio y una vivienda, a los que tenemos terreno solo el dinero, porque el terreno a cambio ya sería el de un solar urbano. Queremos una valoración justa, individual de cada caso", reclama Regueira.

Sobre expropiaciones, el propietario afirma que en la década de los 70, a su madre le "pagaron 2.000 pesetas por metro", que, al cambio, son 12 euros y "más de lo que nos ofrecerían a nosotros en 2026". Regueira señala que el 27 de mayo de 2025, el Concello prestó conformidad a la Xunta de Galicia y el proyecto de Monte Mero ha comenzado a ejecutarse. Protesta porque la Xunta remite al Concello y viceversa cuando se trata de quejas y "nadie te atiende".

"En el momento de la expropiación podemos solicitar que nos excluyan. La ley sobre el PÍA, 05/2024 del 27 de diciembre, se especifica en el texto que la Xunta podrá excluir a propietarios de las expropiaciones y proponerles participar en la promoción, según un convenio acordado. Para los de terrenos sería participar, aceptar el pago de costes y buscar un promotor para edificar. La Xunta se niega, paga poco y rechaza esa posibilidad", resuelve sobre su situación.

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