Culleredo aprueba exigir a la Xunta el 100% de la Ayuda en el Hogar ante la “asfixia” de los concellos

El pleno del Concello de Culleredo aprobó una moción —presentada por el grupo de Alternativa dos Veciños— para instar a la Xunta a asumir el 100% de la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La propuesta salió adelante con los votos a favor de PSOE y BNG, mientras que el PP se abstuvo tras solicitar una enmienda para reclamar también la aportación estatal.

La portavoz de Alternativa, Thais Palla, aseguró que la situación de "asfixia financiera que sufren los Concellos llegó a un punto de no retorno”, al tiempo que denunció que la Xunta “se limita a transferir una cantidad ínfima que no llega”. A su juicio, que el Concello tenga que cubrir una gran cantidad de la inversión supone “un retroceso” que acaba afectando a otras áreas municipales, como obras, cultura o servicios generales.

Palla también puso el foco en el acuerdo alcanzado entre la Fegamp y la Xunta, al que atribuyó haber “oficializado una injusticia”. “Para 2028, los 18 euros por hora no cubrirá el coste del SAF. Aceptar migajas es un error que no podemos permitirnos por más tiempo”, advirtió. Según expuso, la crisis se nota tanto en los tiempos de espera para acceder a la ayuda como en la precariedad laboral de las trabajadoras.

Tono Chouciño, del BNG, respaldó la iniciativa y coincidió en que “es una injusticia que la Xunta cargue a los Concellos con costes que les son ajenos”. En su intervención, apuntó que el coste real del servicio se estimaba en torno a 24 euros la hora, mientras que la cobertura prevista quedaría en 18.

El expediente del nuevo contrato del SAF saldrá a licitación en "próximos días"

Además, aseguró haber revisado la última licitación del SAF en Culleredo, que se licitó en 2012 por un período de tres años prorrogable, por lo que el contrato estaría vencido desde 2016. El edil nacionalista pidió incorporar un punto para que el Gobierno local inicie el expediente de licitación del servicio, al entender que está vencido y se presta “en precario”.

En este sentido, el alcalde socialista, José Ramón Rioboo, respondió a esa petición afirmando que el expediente “está iniciado desde enero” y aseguró que solo falta su publicación en el perfil del contratante, un paso que, según avanzó, se hará “en próximos días”. La concejala socialista Marta María Figueroa apoyó la moción y defendió que el SAF “es algo muy necesario” que debería subvencionarse al 100%. En el caso de Culleredo, apuntó que el coste se sitúa en torno a 19 euros.

Desde el PP, Izaskun García defendió que el SAF es un servicio esencial y obligatorio para los Concellos, pero discrepó en que la financiación deba recaer íntegramente en la Xunta. “Es competencia municipal, pero debe ser financiada al 50% por Xunta y Estado”, señaló, y argumentó que el problema es que “el Estado no llega al 50%”.

La edila popular puso en valor la negociación autonómica con la Fegamp para elevar la aportación “de 12 a 18 euros la hora en tres años” y afirmó que, en Culleredo, eso se traducirá en que la financiación de la Xunta pasará “de casi 500.000 a 742.000 euros”. Por ello, el PP solicitó una enmienda para exigir también que “el Estado cumpla la ley y asuma la parte que le corresponde”, aunque finalmente optó por la abstención.

Unanimidad para pedir más profesorado especializado

El Concello de Culleredo también reclamará a la Xunta que actúe ante la falta de profesorado para alumnado con necesidades especiales en el municipio. El pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por el Gobierno local. El alcalde explicó que la falta de profesorado especializado es una reivindicación constante en los centros educativos Ría do Burgo, Tarrío y Rego de Trabe, que ya ha motivado movilizaciones de la comunidad educativa.

El Ayuntamiento insta a la Consellería de Educación a poner en marcha un "plan de choque" para reforzar el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, “garantizando que cada centro disponga de los profesionales necesarios y suficientes para ofrecer una atención a la diversidad individualizada, continuada y de calidad”. En este sentido, proponen incrementar los recursos económicos y humanos, así como revisar los criterios de asignación y las ratios de ambas especialidades “con el objetivo de asegurar una atención educativa de calidad e inclusiva”.